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¿Qué políticas públicas existen para combatir la obsolescencia programada?

¿Qué políticas públicas existen para combatir la obsolescencia programada?
¿Qué políticas públicas existen para combatir la obsolescencia programada? La obsolescencia programada es un problema recurrente en nuestra sociedad desde hace décadas. Este fenómeno se refiere a la planificación y diseño de productos de consumo, con una vida útil limitada y previsible que incentiva su reemplazo y, por ende, su consumo. La obsolescencia programada ha sido aceptada y, en algunos casos, incluso legalizada en diferentes países, pero también ha sido criticada por su impacto en el medio ambiente y en las economías de las familias y de las empresas. Desde hace tiempo, la sociedad ha estado buscando soluciones para combatir este problema. Una de las vías más recurridas es la implementación de políticas públicas que incentiven la prolongación de la vida útil de los productos y que fomenten la economía circular, es decir, el uso responsable y sostenible de los recursos. En este artículo, vamos a detallar las políticas públicas más relevantes que existen en el mundo para combatir la obsolescencia programada.

1. Certificación ecológica y de diseño sostenible

La Unión Europea ha sido pionera en establecer políticas públicas para combatir la obsolescencia programada. Uno de los mecanismos más importantes ha sido la creación de una certificación ecológica y de diseño sostenible que incentiva a los fabricantes a producir productos con una mayor durabilidad y menor impacto ambiental. Esta certificación es conocida como Ecodesign y su objetivo es reducir la huella de carbono de los productos y mejorar su eficiencia energética. Además, en algunos países de la Unión Europea, como Francia, existe la etiqueta “Durabilidad” que se coloca en productos con una vida útil superior a 10 años.

2. Información y reparación de productos

Otra política pública que se ha implementado en algunos países es la obligatoriedad de ofrecer información sobre la reparación y el mantenimiento de los productos. En Francia, por ejemplo, una ley que entró en vigor en 2021 obliga a los fabricantes a proporcionar información sobre cómo reparar los productos que venden y a garantizar la disponibilidad de piezas para las reparaciones durante un período mínimo de 10 años. Asimismo, en la Unión Europea se ha implementado la Directiva sobre el Derecho a la Reparación que busca garantizar que los consumidores tengan acceso a reparaciones más asequibles y que los fabricantes proporcionen piezas y repuestos durante un período de al menos 7 años.

3. Economía circular y el alquiler de productos

La economía circular es otra política que se ha adoptado en algunos países para combatir la obsolescencia programada. Esta estrategia tiene como objetivo reducir el desperdicio y prolongar la vida útil de los productos. Una de las modalidades de la economía circular es el alquiler de productos. En países como Suecia y Alemania, existen empresas que ofrecen el alquiler de productos como electrodomésticos, herramientas y equipos informáticos. Este modelo de negocio incentiva a los fabricantes a producir productos más duraderos y eficientes, ya que les interesa maximizar su rentabilidad a largo plazo.

4. Fiscalidad verde

Por último, la fiscalidad verde es una política pública que se usa para desincentivar el consumo de productos con obsolescencia programada. Esto significa que se aplican impuestos o recargos a los productos que generan un mayor impacto ambiental. Un ejemplo de esta política se puede encontrar en Francia, donde se ha creado una tasa que se aplica a los productos electrónicos en función de su obsolescencia programada. De esta forma, se busca desalentar la compra de productos con una vida útil más corta y favorecer la compra de productos más duraderos y sostenibles. En resumen, la obsolescencia programada es un problema complejo que involucra a distintos actores, incluyendo a los fabricantes, los consumidores y los gobiernos. Las políticas públicas son un mecanismo importante para combatir este problema y promover un uso responsable de los recursos naturales y energéticos. La certificación ecológica y de diseño sostenible, la reparación de productos, la economía circular y la fiscalidad verde son algunas de las políticas más relevantes que se han implementado en diferentes países para luchar contra este fenómeno.